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La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es el mecanismo mediante el cual un conjunto de ciudadanos pueden presentar ante Las Cortes una propuesta de ley (1). En un principio los trámites comenzarían con unos promotores (cualquier ciudadano que lo desee) que deberán recoger un número de firmas predefinido para poder presentar la propuesta, en el caso español 500.000, en un período de 6 a 9 meses prorrogable a 12. Si existiese una democracia directa, una vez presentada la propuesta ante las Cortes estas deben rechazarla, aprobarla, o enmendarla. Si es aprobada el trámite llega a término, en cambio si se rechaza los promotores pueden obligar a convocar un referéndum vinculante (referéndum a petición), en esa situación Las Cortes pueden presentar (en el referéndum) una contrapropuesta. Las Cortes también pueden con anterioridad enmendar o reformar la propuesta, en este caso si los promotores están de acuerdo la ley se aprueba sino pueden obligar a convocar un referéndum vinculante en el que aperecerán las dos propuestas.
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